El Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites, es la instancia que formula y orienta la Política de Racionalización de Trámites y el marco normativo para su implementación, con base en las directrices que sobre la materia expida el Gobierno Nacional; brinda asesoría a los organismos y entidades con el fin de facilitarles la optimización, simplificación, estandarización o supresión de los trámites; realiza seguimiento a los avances en el proceso de racionalización de trámites desarrollados en cada uno de los sectores y entidades de la Administración Pública. Igualmente, es la instancia gubernamental autorizada para aprobar los trámites y servicios que deben ser inscritos en el SUIT y la entidad que aprueba el procedimiento para establecer los nuevos trámites creados a partir de la expedición de la Ley 962 de 2005 y que estén soportados por ley.​

Se dice de la persona que ha sufrido daños o pérdida de seres queridos u objetos de valor (vivienda, cosecha, escuelas, etc...) a causa de desastres naturales o de conmoción social como por ejemplo: derrumbes, inundaciones.

Es el documento establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ser utilizado en la declaración del Régimen de Importación.

Es la transferencia de funciones administrativas del titular de las mismas (delegante) a un inferir o en otras autoridades (delegatario), para que éste ejerza y actúe en forma independiente y definitiva. Como requisito indispensable de la delegación, se establece, la realización por escrito del acto de asignación, en el cual se debe determinar la autoridad delegataria y las funciones que se transfieren.

Derecho constitucionalmente reconocido que tiene toda persona de buscar, recibir y difundir información. Las Naciones Unidas, en una de sus primeras asambleas generales afirmó que: "la libertad de información es un derecho fundamental y... la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas". En otras palabras, es un derecho instrumental que puede ser utilizado para garantizar el cumplimiento de otros derechos esenciales del ser humano.

​Derechos y libertades que se incardinan en el más alto escalón de la jerarquía normativa. Observa TRUYOL que decir que hay «derechos humanos» o «derechos del hombre» en el contexto histórico-espiritual que es el nuestro equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes y que, lejos de hacer de una concesión de la sociedad política, han e ser por ésta consagrados y garantizados.

Hace referencia a las enormes pérdidas humanas y materiales ocasionadas por eventos o fenómenos como los terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y otros

Desastres que pueden ser causados por ciertas actividades humanas, que alteran la normalidad del medio ambiente. Algunos de estos tenemos: la contaminación del medio ambiente, la explotación errónea e irracional de los recursos naturales renovables como los bosques y el suelo y no renovables como los minerales, la construcción de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo.

Cesión de determinadas competencias propias de la Administración del Estado a las Comunidades Autónomas o a Entes locales, o de las Comunidades Autónomas a los Entes locales.

 ​Busca más eficacia en el ejercicio del poder, mediante el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a personas jurídicas públicas diferentes y separadas del poder central (Estado).