​Grado de satisfacción de la comunidad por los bienes y servicios que se les prestan.

​Es el poder jurídico de que está dotada la administración pública para investigar hechos que atenten contra la probidad administrativa en orden a identificar a los responsables y aplicarles la sanción que legalmente les corresponde

Sistema que al interior de cada entidad procura garantizar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, se realicen de acuerdo con las normas vigentes y dentro de las políticas trazadas por la dirección, en cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

​Estado en el cual una pluralidad de individuos diversos y diferentes se tratan entre sí en términos de reconocimiento, tolerancia e imparcialidad, pudiendo así vivir unos con otros de manera pacífica y segura.

​Es la facilidad de comunicación vía electrónica que permite enviar y recibir mensajes, archivos, confirmar citas y actualizar la agenda (comunicación correo -agenda electrónica); facilita el flujo de información dentro de la organización.

Egresos y cargos asociados con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios.​

El Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites, es la instancia que formula y orienta la Política de Racionalización de Trámites y el marco normativo para su implementación, con base en las directrices que sobre la materia expida el Gobierno Nacional; brinda asesoría a los organismos y entidades con el fin de facilitarles la optimización, simplificación, estandarización o supresión de los trámites; realiza seguimiento a los avances en el proceso de racionalización de trámites desarrollados en cada uno de los sectores y entidades de la Administración Pública. Igualmente, es la instancia gubernamental autorizada para aprobar los trámites y servicios que deben ser inscritos en el SUIT y la entidad que aprueba el procedimiento para establecer los nuevos trámites creados a partir de la expedición de la Ley 962 de 2005 y que estén soportados por ley.​

Se dice de la persona que ha sufrido daños o pérdida de seres queridos u objetos de valor (vivienda, cosecha, escuelas, etc...) a causa de desastres naturales o de conmoción social como por ejemplo: derrumbes, inundaciones.

Es el documento establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ser utilizado en la declaración del Régimen de Importación.

Es la transferencia de funciones administrativas del titular de las mismas (delegante) a un inferir o en otras autoridades (delegatario), para que éste ejerza y actúe en forma independiente y definitiva. Como requisito indispensable de la delegación, se establece, la realización por escrito del acto de asignación, en el cual se debe determinar la autoridad delegataria y las funciones que se transfieren.